Diego Kravetz planteó un límite concreto para el uso de inteligencia artificial en la Justicia: puede ayudar a ordenar una investigación, pero la decisión sobre los derechos de una persona debe quedar en manos humanas. Su posición pone el foco en una preocupación fácil de reconocer: que una respuesta informática termine pesando más que las circunstancias de quien espera una resolución judicial.
El actual subsecretario de Operaciones de la SIDE desarrolló ese enfoque en agosto y septiembre. Propuso aprovechar la tecnología sin perder la posibilidad de saber quién decide, con qué información y bajo qué responsabilidad. La discusión cobró otro marco en septiembre, cuando el Ministerio de Justicia creó una mesa para coordinar el uso de estas herramientas.
Una ayuda para investigar, con personas a cargo
El punto de partida de Kravetz es práctico. Una causa puede reunir videos, comunicaciones, documentos y movimientos financieros. Revisar ese material lleva tiempo. Los sistemas automatizados permiten clasificarlo y encontrar conexiones que luego deben examinar investigadores y funcionarios judiciales. Esa asistencia puede facilitar el trabajo; interpretar qué significa cada hallazgo sigue siendo una tarea humana.
En su planteo del 1 de septiembre, el funcionario ubicó allí la diferencia entre procesar datos y decidir. Encontrar una coincidencia no resuelve por sí solo una investigación. Hace falta analizar su contexto, contrastarla con otros elementos y establecer si realmente aporta información sobre lo ocurrido. La utilidad del sistema depende también de esa revisión posterior.
Para quienes recurren a la Justicia, el asunto va más allá de cuánto tarda un expediente. Importa que la explicación de una decisión sea comprensible y que exista alguien que responda por ella. Kravetz vinculó la incorporación de tecnología con esa responsabilidad: mejorar las herramientas disponibles sin convertir sus resultados en una autoridad imposible de cuestionar.
Más velocidad no garantiza una decisión justa
La advertencia que desarrolló el 24 de agosto apunta a los datos con los que aprenden los sistemas. Si se los alimenta con registros que arrastran desigualdades, esos problemas pueden reaparecer en sus recomendaciones. La capacidad de procesar información rápidamente no elimina, por sí misma, los errores presentes en el material de origen.
También cuestionó la dificultad de conocer cómo ciertas herramientas llegan a un resultado. Para explicarlo sin tecnicismos: una persona necesita entender qué elementos se tuvieron en cuenta cuando una decisión la afecta. Si parte de esa explicación queda encerrada en un programa que nadie puede examinar, se vuelve más difícil discutirla.
Su propuesta combina supervisión y criterios que puedan revisarse. La tecnología puede colaborar con el análisis, pero la responsabilidad final debe tener un nombre y una función identificables. Ese límite es especialmente sensible cuando están en juego la libertad, una investigación penal o la evaluación de pruebas.
El antecedente que muestra por qué importa el control
Un caso de Estados Unidos permite entender el problema. En 2016, la Corte Suprema de Wisconsin resolvió el caso de Eric Loomis, cuya sentencia había considerado una evaluación de COMPAS, una herramienta que estima riesgos de reincidencia. El tribunal aceptó su uso con restricciones, sin darle el poder de decidir el castigo.
El fallo estableció límites precisos: esos puntajes no pueden determinar si alguien va a prisión ni la severidad de la pena. Además, el juez debe explicar los factores independientes que justifican la sentencia. Una estimación estadística, en otras palabras, no reemplaza la evaluación individual del caso.
Kravetz retomó ese antecedente para señalar el riesgo de que una recomendación automatizada termine ocupando un lugar que corresponde a la Justicia. La discusión ayuda a distinguir dos funciones: contar con información adicional y delegar en un sistema una decisión que afecta directamente a una persona.
La mesa nacional y una discusión que también alcanza a Lanús
El Ministerio de Justicia creó la Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia mediante la Resolución 469/2026, firmada el 21 de septiembre y publicada el 23. Esteban Mahiques quedó a cargo de la coordinación. El espacio buscará reunir iniciativas y proponer una estrategia común para el uso de estas herramientas.
Entre sus criterios aparecen la supervisión humana, la trazabilidad —poder reconstruir cómo se llegó a un resultado— y la evaluación de riesgos. Son asuntos que coinciden con los planteos de Kravetz. La medida abre un trabajo de planificación y coordinación; no establece un régimen general de regulación de la inteligencia artificial ni traslada a las máquinas las funciones judiciales.
El vínculo local de Kravetz incluye su paso por la Secretaría de Seguridad de Lanús y la Jefatura de Gabinete municipal. Hoy, desde su función nacional, sus reflexiones abordan un cambio que también interesa a los vecinos: cómo aprovechar nuevas herramientas sin perder garantías al investigar un delito o resolver una causa.
El eje de su posición queda en esa relación entre capacidad técnica y responsabilidad pública. Ordenar mejor la información puede ayudar a la Justicia. Explicar una decisión, responder por sus consecuencias y permitir que sea cuestionada siguen siendo obligaciones de las personas que intervienen en ella.