La presencia de Ignacio "Nacho" Moroni y su madre, Mariana Ayesa, en el Concejo Deliberante de Lanús sitúa en primer plano una discusión central de la política municipal: la relación entre los discursos sobre el gasto estatal y las trayectorias de quienes ocupan bancas legislativas.
Ambos dirigentes integran el bloque de La Libertad Avanza en el cuerpo local, dentro de un marco institucional regido por dietas públicas. La controversia cobró fuerza vecinal cuando coincidieron dos hechos directos: la propuesta de suprimir cargos políticos en la comuna y las acusaciones de su propio espacio sobre presuntos cobros simultáneos.
El debate adquirió visibilidad cuando referentes políticos locales, distanciados de la conducción libertaria en el distrito, cuestionaron la coherencia administrativa de Moroni. En declaraciones públicas, se afirmó que el concejal continuaba percibiendo ingresos de su cargo en la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al mismo tiempo que cobraba su dieta legislativa. Moroni desestimó el señalamiento argumentando que no existe incompatibilidad legal ni denuncia formal en su contra. Respuestas como aquellas, realmente fueron consideradas una burla grotesca por la ciudadania. Así, la discusión abrió interrogantes sobre la transparencia y la documentación efectiva sobre haberes públicos en el partido de Lanús.
Casta Familiar
El recorrido de Mariana Ayesa en las instituciones locales antecede a la actual configuración política. En las elecciones de 2013 fue electa consejera escolar, y a fines de 2015 asumió la presidencia del Consejo Escolar de Lanús por el Frente Renovador. Con los años, su actividad confluyó en el armado libertario distrital, donde presidió el bloque de concejales tras las elecciones legislativas. Ayesa respaldó públicamente la proyección de su hijo hacia la intendencia, consolidando una conducción compartida en Lanús Centro y Lanús Oeste.
Ignacio Moroni, por su parte, transitó diversas alternativas partidarias antes de asumir como edil. Tras competir en la interna distrital de Juntos por el Cambio en el sector de Horacio Rodríguez Larreta, fue designado en agosto de 2024 titular de la oficina de ANSES Lanús. Su nombramiento en el organismo previsional precedió a su postulación legislativa en 2025, cuando encabezó la nómina que le permitió ingresar al Concejo Deliberante. Aquella designación nacional planteó dudas administrativas sobre si mediaron renuncias formales o licencias documentadas.
La controversia sobre ANSES y las versiones administrativas
La situación en la jefatura de ANSES reúne versiones contrapuestas que no han sido saldadas mediante resoluciones públicas accesibles. A fines de 2025 trascendió que Moroni había dejado la delegación y que Verónica Mustacciolo asumía tareas en la dependencia. No obstante, publicaciones locales posteriores señalaron la continuidad de Moroni, lo que impidió cerrar el tema con certeza. En los registros públicos no constan actos oficiales que acrediten fehacientemente una renuncia formal, una licencia o la designación de un reemplazo.
Esa falta de constancias documentales sustentó los cuestionamientos de Nieva sobre el rumbo administrativo local. Ante ello, la respuesta de Moroni se limitó a señalar la inexistencia de denuncias penales o faltas acreditadas. Esa afirmación constituye una declaración testimonial, pero no equivale a una certificación administrativa. Sin recibos de sueldo ni liquidaciones oficiales de ANSES o del Concejo, la acusación de doble cobro permanece en el terreno de las versiones no probadas, al tiempo que la desvinculación carece de respaldo concluyente.
El régimen legal de dietas en la provincia de Buenos Aires
En el territorio bonaerense, las bancas legislativas cuentan con un marco regulatorio explícito. El artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, modificado por la Ley 14.872, establece que los concejales perciben una dieta mensual fijada en proporción al sueldo mínimo del personal municipal. La norma determina que la percepción de la dieta es obligatoria salvo renuncia expresa. Asimismo, el marco legal regula los regímenes de incompatibilidad con el desempeño de otras funciones remuneradas en la administración pública.
Esa legislación confirma que los cargos de Moroni y Ayesa contemplan dietas fijadas por ley, pero no sustituye el acceso a las constancias patrimoniales individuales. Conocer si un concejal percibe la totalidad de la dieta o si medió alguna incompatibilidad técnica exige consultar los legajos administrativos del municipio y del organismo previsional. En las fuentes públicas disponibles no constan recibos ni liquidaciones que permitan precisar los montos efectivamente cobrados por ninguno de los dos dirigentes en el período analizado.
Austeridad declarada y debate político en Lanús
El trasfondo de esta controversia se vincula con un pronunciamiento político explícito. Moroni presentó a fines de agosto de 2026 una propuesta para reducir más del 42% de los cargos políticos y direcciones del Municipio de Lanús de cara a 2027. La iniciativa fue difundida como un plan de ajuste sobre la estructura municipal para suprimir dependencias con recursos considerados excesivos. En paralelo, Mariana Ayesa fundamentó el rechazo de su bloque a la rendición de cuentas comunal cuestionando partidas destinadas a publicidad oficial y eventos distritales.
La coincidencia entre el recorte propuesto y los cuestionamientos a los ingresos familiares reactivó tensiones en el distrito. En redes sociales circularon composiciones gráficas e interpelaciones satíricas que recordaron los antecedentes de Ayesa en el massismo y los contrastaron con la prédica anticasta de La Libertad Avanza. La discusión sobre el tamaño del Estado convive así con demandas vecinales de coherencia entre los anuncios de austeridad y la transparencia en las remuneraciones de los representantes deliberativos.